Un total de 22 familias han demandado a la Conselleria de Enseñanza de la Generalitat por la "ocultación" de datos acerca de sus hijos discapacitados en los dictámenes de escolarización emitidos por el departamento.
En rueda de prensa, el presidente de la plataforma Papás de Álex --que agrupa a estas familias--, Antonio Moreno, ha explicado que la inspección educativa sí que dispone de estos datos, que son "eliminados" de los informes enviados a las familias.
Principalmente, las familias desconocen los recursos específicos e individuales que necesita el alumno --después de su evaluación pedagógica--, lo que les hace sospechar que los colegios reparten estos recursos "como pueden" e independientemente del número de alumnos discapacitados que tienen.
Las familias acusan al departamento de "ocultación y falta de transparencia" al no ofrecer estos datos y consideran que al departamento no le conviene comunicar los recursos concretos destinados a cada alumno --por ejemplo, traducidos en horas de velador o psicopedagogo-- porque así las familias no pueden protestar ni rebatir legalmente el dictamen final.
"Tiene que ser lo que diga el departamento y amén: va a misa", ha criticado Moreno, lamentando que la opinión de los padres no cuente en nada a pesar de que las familias son las que mejor conocen las necesidades de sus hijos, ha dicho.
Las familias también sospechan que se trata de una cuestión económica, y que el departamento reparte los recursos por colegio y no por alumnos con necesidades educativas especiales escolarizados.
Por ello, este miércoles han explicado la interposición de dos demandas "estratégicas" contra el departamento --en un asunto que sucede desde hace diez años-- ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
La primera demanda contenciosa-administrativa data del 26 de enero de 2011, y es un recurso para pedir la protección de los derechos fundamentales de la persona, entre los que está el derecho a la información.
No obstante, esta demanda ya ha obtenido una respuesta "política" por parte de la Conselleria, en la que se explica "vagamente" que el próximo curso 2011-2012 se prevé adoptar algunas modificaciones al respecto.
Papás de Álex ha interpuesto --con fecha 1 de marzo-- otra demanda ante el TSJC, por la vía administrativa, que obligará a la Conselleria a aportar una respuesta en hasta tres meses.
De este modo, las familias esperan hacer presión conjunta más allá de las demandas individuales que cada familia ha podido interponer por su cuenta.
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